Our Vision, Mission & How We Work
Our Vision
All people, regardless of pregnancy status or outcome, have the freedom to make decisions about their own bodies and to experience a life of dignity, equity, and respect.
Our Mission
Pregnancy Justice advances and defends the rights of pregnant people, no matter if they give birth, experience a pregnancy loss, or have an abortion.
How We Work
We advance our mission in four ways: by providing criminal defense, by advocating for legal and policy change, by publishing cutting-edge research, and by equipping partners in the field with analysis, training, and narrative framing.
Foundational Beliefs
Pregnancy Justice’s vision and mission are shaped by a historical and societal context that are central to our fight today.
Groups that have historically held power in American society are actively working to maintain their position by using long-standing power structures to do so. These power structures are deeply rooted in patriarchy, racism, classism, and ableism, and target the people most marginalized by these systems. A significant manifestation of this is control over pregnancy, which has been wielded to surveil and punish women and people who can become pregnant.
Pregnancy criminalization serves to impose traditional gender norms and stereotypes of “good motherhood,” thereby undermining pregnant people’s rights and personhood. Our efforts to defend against pregnancy criminalization and other punitive treatment are guided by the principles of reproductive justice, which are defined by SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective as “the human right to maintain personal bodily autonomy, have children, not have children, and parent the children we have in safe and sustainable communities.” We believe that the criminal legal system and the family policing system, commonly known as the “child welfare system,” should never be involved in pregnancy and pregnancy-related outcomes and that all people are entitled to dignity, equality, and respect.
Since its founding more than 20 years ago as National Advocates for Pregnant Women, Pregnancy Justice has worked deeply with state and national partners, across movements (e.g., reproductive rights and justice, public health, drug policy reform, criminal defense, racial justice, and prosecutorial accountability) and across disciplines (e.g., academic, legal, medical, organizing, narrative change) to achieve its mission.
Nuestra historia
Feministas blancas organizan una marcha por el derecho al aborto en Washington, DC, donde las mujeres negras que asisten son excluidas de la planificación y la toma de decisiones. En respuesta, siete mujeres, incluida Loretta Ross y la eventual fundadora de National Advocates for Pregnant Women, Lynn M. Paltrow, crean “In Defense of Roe”, una conferencia centrada en mujeres de color. Más tarde, Ross cofunda el movimiento por la justicia reproductiva.
Lynn M. Paltrow inicia National Advocates for Pregnant Women and Their Children a principios de 1998 como un proyecto unipersonal. En septiembre, el proyecto recibe una subvención de dos años y apoyo del Women's Law Project, y se lanza oficialmente como Defensores Nacionales de las Mujeres Embarazadas. La organización se guía por los principios de justicia reproductiva.
Diez mujeres que fueron sometidas a pruebas de detección de drogas sin orden judicial cuando dieron a luz y cuyos resultados fueron entregados a la policía, ganan su caso contra el hospital que violó sus derechos de la Cuarta Enmienda cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos falla a su favor en Ferguson contra la ciudad de Charleston. El Hospital Universitario de Medicina de Charleston, Carolina del Sur, se había centrado principalmente en el consumo de cocaína en mujeres negras. Lynn M. Paltrow litigó el caso con Susan K. Dunn.
National Advocates for Pregnant Women se convierte en una organización independiente sin fines de lucro.
National Advocates for Pregnant Women celebra su primera conferencia nacional: “Conflictos materno-estado: reclamos de derechos fetales y el bienestar de las mujeres y las familias”. El evento de cuatro días reúne a más de 175 expertos y activistas que apoyan el derecho y el acceso al aborto, así como la oposición al movimiento de la personalidad fetal.
Organizada por Defensores Nacionales de las Mujeres Embarazadas y copatrocinada por docenas de organizaciones como SisterSong, el Instituto Nacional Latino para la Salud Reproductiva y Planned Parenthood, la “Cumbre Nacional para Garantizar la Salud y la Humanidad de las Mujeres Embarazadas y Partiendo” reúne a más de 300 personas comprometidas con los derechos de nacimiento, el derecho al aborto y la dignidad de todas las personas embarazadas.
National Advocates for Pregnant Women ayuda a crear y sostener la conferencia “Take Root: Red State Perspectives on Reproductive Justice”, que se celebra anualmente de 2012 a 2018 en Oklahoma. Asisten cientos de personas de Oklahoma, Texas, Kansas y otros estados rojos, lo que demuestra que los activistas por la justicia reproductiva están en todas partes.
Lynn M. Paltrow, de National Advocates for Pregnant Women, y el artículo ampliamente citado de la coautora Jeanne Flavin, “Arrestos e intervenciones forzadas sobre mujeres embarazadas en los Estados Unidos, 1973-2005: implicaciones para la condición jurídica y la salud pública de las mujeres”, se publica en una revista. Es el único estudio de este tipo que documenta 413 casos de privación de libertad relacionada con el embarazo desde 1973. Hueva decisión hasta 2005.
National Advocates for Pregnant Women ayuda a conseguir un acuerdo de culpabilidad por delito menor para Bei Bei Shuai, quien fue acusada de asesinato e intento de feticidio por intentar suicidarse cuando tenía 33 semanas de embarazo. El caso provocó indignación nacional.
La Corte de Apelaciones de Indiana anula la condena de Purvi Patel por el delito de feticidio, afirmando que la ley de feticidio de Indiana no puede usarse para castigar a alguien por tener o intentar tener un aborto. Había sido condenada a 20 años de prisión y estuvo encarcelada durante un año y cuatro meses antes de que se anulara su condena por feticidio. NAPW organizó un esfuerzo amicus masivo y generó indignación nacional.
Un tribunal de distrito federal de Wisconsin declara inconstitucional la Ley 292 de Wisconsin, o la “ley de madres de cocaína”. Según la ley, al feto de Tammy Loertscher se le concedió un abogado mientras ella estaba encarcelada y recluida en régimen de aislamiento después de que ella revelara un historial de uso de drogas al personal médico. En la apelación, los Defensores Nacionales de las Mujeres Embarazadas argumentaron en nombre de Tamara, pero el fallo del tribunal inferior fue anulado por motivos de procedimiento porque Tammy regresaba a Wisconsin. La ley sigue vigente.
El New York Times publica la serie de ocho capítulos “Los derechos de una mujer”, que presenta el trabajo de defensores nacionales de mujeres embarazadas. La pieza "Calumniando a los no nacidos" reconoce el papel de la sociedad al descartar erróneamente a muchos niños de una generación como "bebés del crack" dañados para siempre.
La batalla legal de 19 meses de Chelsea Becker termina cuando un juez del condado de Kings, California, desestima el cargo de asesinato de la Sra. Becker por experimentar una muerte fetal que se atribuyó de manera no científica al uso de metanfetamina. La Sra. Becker estuvo encarcelada desde el 8 de noviembre de 2019 hasta el 9 de marzo de 2021. La desestimación es consistente con cada decisión judicial de California que rechaza el uso indebido de la ley de asesinato del estado para arrestar a personas que pierden o interrumpen un embarazo.
Después de cuatro largos años en prisión, el fiscal de distrito del condado de Kings retira el cargo de asesinato de Adora Pérez por sufrir una muerte fetal. Anteriormente se declaró culpable de homicidio involuntario por el delito inexistente de experimentar la pérdida de un embarazo, que un tribunal de California consideró inconstitucional, enviando el caso nuevamente a juicio por cargos de asesinato. La señora Pérez había estado cumpliendo una sentencia de 11 años. La pérdida de su embarazo se atribuyó de forma no científica al consumo de metanfetamina.
National Advocates for Pregnant Women cambia su nombre a Pregnant Justice, lo que refleja nuestra lucha integral por la interseccionalidad de la justicia reproductiva. La decisión lleva más de un año en proceso e incluye aportes de líderes en los espacios de justicia reproductiva, social, de natalidad, racial y de género.
Después de más de cuatro décadas en la lucha por los derechos reproductivos, la salud y la justicia y más de dos décadas al frente de Pregnant Justice, la fundadora y directora ejecutiva Lynn M. Paltrow anuncia que dejará su cargo y su día a día. Gestión diaria de la organización en mayo de 2023.
Lourdes A. Rivera, una experimentada ejecutiva sin fines de lucro en derecho, defensa y filantropía, se convierte en presidente de Justicia en el Embarazo en septiembre de 2023. Aporta al cargo más de 30 años de experiencia como líder reconocida en derechos reproductivos, salud y justicia.
Lanzamientos de Justicia del Embarazo nuevos hallazgos sobre la criminalización relacionada con el embarazo en los EE. UU., que abarca desde 2006 hasta 2022 dobbs decisión, documentando 1.396 casos. El estudio proporciona la información más completa sobre la criminalización del embarazo hasta la fecha y se basa en nuestro primer estudio innovador, que documentó 413 casos del Hueva decisión hasta 2005. Los datos son fundamentales para comprender nuestra situación post-dobbs futuro.
Lanzamientos de Justicia del Embarazo Pregnancy as a Crime, documenting 210 prosecutions in the year after the loss of Hueva with the U.S. Supreme Court’s dobbs decision.